Cristina Vallejo, decana del ICAB
Los primeros 120 días de mandato de la nueva Junta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han servido para despejar cualquier duda sobre el rumbo que ha tomado la institución bajo el liderazgo de su decana, Cristina Vallejo.
Lejos de quedarse en el terreno de las buenas intenciones, el nuevo equipo ha demostrado una capacidad poco habitual para convertir compromisos en hechos: 32 hitos alcanzados de los 100 retos fijados para esta legislatura. Un balance que no solo habla de trabajo, sino de método, ambición y voluntad de servicio.
Estas 32 mejoras y propuestas sitúan de nuevo al ICAB en el centro del debate legislativo catalán y nacional, refuerzan su papel como interlocutor imprescindible ante las administraciones y, sobre todo, devuelven al Colegio su función esencial: estar al servicio de los abogados y abogadas. Prestigiar la institución es, en última instancia, prestigiar a la profesión. Y eso, en un contexto de descrédito y saturación del sistema judicial, no es un logro menor.
Pero si algo distingue el inicio del mandato de Vallejo es la valentía. La decana ha optado por decir en voz alta lo que muchos piensan y pocos se atreven a verbalizar: que resulta imposible implementar al 100% la tercera y última fase de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial en Barcelona el próximo 1 de enero sin los recursos necesarios. No es una crítica gratuita ni una enmienda a la totalidad, sino una advertencia responsable basada en la realidad del día a día en los juzgados.
Vallejo ha puesto cifras y nombres a los déficits estructurales: faltan los 55 jueces prometidos, faltan recursos económicos, falta personal y la digitalización de la jurisdicción penal sigue siendo una asignatura pendiente. La experiencia de la fase 2 ha evidenciado, además, problemas graves en la gestión de los recursos humanos, con un uso excesivo de interinos y con gestores obligados a asumir funciones de auxilio.
Lejos del alarmismo, la decana apuesta por el diálogo y la implementación progresiva. Las reuniones periódicas con el TSJC y con la conselleria de Justicia y Calidad Democrática son una muestra de una forma de hacer basada en la cooperación institucional.
El mensaje es claro: sin jueces, sin personal y sin digitalización, la eficiencia judicial no puede ser una realidad. Decirlo no es ir contra nadie; es defender la justicia y a quienes la sostienen cada día.
