Josep Eladi Baños
La Universitat de Vic (UVic) ha acogido uno de los casos de acoso escolar más mediáticos en los últimos años, con un papel cuando menos cuestionado. Es el de Marilou Vioix, una estudiante de Fisioterapia que hasta ahora se presentaba públicamente con un nombre ficticio para evitar las represalias de sus compañeros. Ya no lo hace más, tras haberse graduado esta semana y haber dicho adiós a unos episodios que ningún centro educativo debería permitir; tampoco universitario.
Esta joven de nacionalidad francesa --que ha convertido su graduación en una protesta para señalar a sus acosadores y a la facultad-- fue víctima de agresiones, humillaciones y amenazas de todo tipo por parte de un grupo de estudiantes. Los episodios más graves incluyen un traumatismo craneoencefálico que la dejó inconsciente, aunque las burlas y el aislamiento eran el pan de cada día para ella.
El equipo del rector Josep Eladi Baños no obró con el suficiente compromiso que se esperaría, dilatando más de lo deseado la adopción de medidas efectivas orientadas a proteger a la víctima Se escudó en que las agresiones se produjeron en una residencia privada y no en el campus, extremo negado por el círculo de la joven. También se amparó en la ausencia de una resolución judicial para castigar a los autores y, cuando la hubo, se limitó a acometer un cambio de grupo que no evitó por completo que esta compartiera espacios con sus acosadores.
A día de hoy, la universidad defiende haber actuado correctamente y haber hecho “todo lo que está previsto en los protocolos”. Ante las peticiones de expulsión por parte de la asociación No Al Acoso Escolar (NACE), aseguró no poder expulsar a ningún estudiante, aunque la normativa de la universidad prevé “sanciones que se puedan derivar de determinadas actitudes o comportamientos” e indica la obligación de “no discriminar” y “respetar” derechos tales como el honor, la intimidad y la propia imagen de la comunidad universitaria.
Sea como fuere, el rector haría bien de revisar los protocolos y hacer una auditoría del caso para, en primer lugar, evitar sucesos como estos y, en segundo, ofrecer una protección efectiva a las víctimas de esta lacra. Ello, en el mismo momento en el que estas hacen el valiente y desesperado acto de levantar la voz contra sus acosadores.
