Neus Pujal, fiscal jefe de Barcelona, en su despacho
La Fiscalía de Barcelona tiene el deber encomendado de perseguir delitos, cualquiera que fuere su tipo, su fecha de comisión y autor, y de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Esos tipos penales perseguibles incluyen las posibles torturas a personas bajo custodia policial si se han cometido en territorio nacional.
Y huelga decir que el delito de torturas no tiene plazo de prescripción, por lo que debe ser perseguible sin excepciones. Con especial ahínco si cabe, pues puede comprometer la honorabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los autonómicos y locales.
En el caso de las presuntas agresiones en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona que denuncia la activista independentista Blanca Serra, y que se convertirán en las primeras investigadas del régimen franquista, tienen aristas.
Porque las pesquisas llegan en un momento en el que se vuelve a debatir de la reducción de competencias a la Policía Nacional -que tiene la Jefatura autonómica en ese edificio- y Guardia Civil en Cataluña. Cualquier investigación de la Fiscalía tiene momentos, tiempos y escenarios en los que se produce.
En el caso de la investigación por presuntas torturas en la sede policial de Via Laietana, no podrían haber arrancado en un momento peor. Los sindicatos policiales ya han alzado la voz, alertando de que las diligencias son rayanas en una humillación.
Es posible que suponga una exageración, pero entre los agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña reina desde hace años un sentimiento de hartazgo y abandono. Este lance legal añade leña al fuego de ese descontento, máxime cuando se está negociando el traspaso de competencias en inmigración y fronteras a la Generalitat, por un lado, y porque la Jefatura es sede policial de un cuerpo democrático desde hace más de 40 años, por el otro.
La Policía Nacional es un cuerpo de seguridad absolutamente democrático y otro servicio público a disposición del ciudadano.
Las actuaciones del cuerpo anterior en Jefatura durante la dictadura deben esclarecerse y, si es preciso, perseguirse. Pero hacerlo ahora es no ser consciente del momento en el que estamos. Y Fiscalía debería serlo.
