Adrià Comella, gerente del Hospital Sant Pau
El Govern lo deja claro: en Cataluña se garantiza el aborto en el sistema asistencial público. Eso sí, hay al menos dos hospitales de la región en los que no se llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo.
Es evidente que los médicos pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia por motivos éticos o religiosos. Ese derecho debe respetarse. Pero también es palmario que todo un hospital de tercer nivel como Sant Pau, incluido en el circuito público y que es referencia para centenares de miles de vecinos en Barcelona, no puede mantener esta postura obstruccionista.
A todo facultativo debe asistirle el derecho a no practicar IVE. Pero no en el circuito público. Porque el consenso político es que la cartera de servicios sanitaria debe ofrecer este tipo de atención. Por ende, es respetable que algunos médicos no lo hagan si no lo desean, pero es inaceptable que todo un hospital se declare en rebeldía.
Sorprende, además, que sea todo un Sant Pau quien mantenga esta postura obstruccionista: con un exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) que colocó ERC, y que en teoría fungió en un Govern progresista.
Adrià Comella, que al salir del CatSalut pidió la gerencia de un gran hospital pese a no estar preparado para ejercerla, comanda el centro sanitario público que rechaza interumpir embarazos. De forma colectiva. En bloque.
Esa polémica se suma a su gestión en la ciudad sanitaria del Eixample, cuanto menos controvertida.
