Barcelona va en la buena dirección con el desalojo de la casa okupa Antiga Massana de Ciutat Vella. No es tolerable que haya equipamientos municipales usurpados durante meses y años sin que las administraciones intervengan.
El ayuntamiento coordinó el vaciado del edificio de la mano de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona. El trabajo de ambas policías fue ejemplar. Pese al desafío radical, los funcionarios lograron mantener la paz pública.
El trabajo de la tercera tenencia de alcaldía de Seguridad, que pilota Albert Batlle, fue del todo ejemplar en esta cuestión. Salvo por un extremo, que le priva al concejal de lograr el sobresaliente: que aún quedan 21 inmuebles municipales okupados en Barcelona.
Se impone una postura del gobierno municipal más firme. El Ejecutivo local debe velar por la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. Es evidente que debe hacerlo paulatinamente, pero también de forma decidida.
El mensaje que debe calar es que Barcelona no puede ser la ciudad de la impunidad que fue antaño con los gobiernos de Ada Colau. La exalcaldesa de los comunes contemporizó con los antisistema y les copió parte del discurso.
Es hora de que los nuevos rectores de la Administración local amplíen el foco y gobiernen para todos los vecinos que cumplen religiosamente la ley y pagan sus impuestos. Y ello incluye ser implacable en la aplicación de la legislación y el orden.