Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) atraviesa su momento más complicado en Cataluña en 60 años. Su cuasi monopolio en la externalización de la recogida de residuos ha llegado a su fin, con la pérdida de la licitación en Tarragona como punto de inflexión.
La cotizada, aunque se ha quedado en fuera de juego en otros tantos encargos, encuentra su mayor contrato en un lote de 846 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona. A este le siguen los de otras ciudades catalanas como Cornellà o Manresa.
FCC Medio Ambiente cuenta con Íñigo Sanz como consejero delegado y se mueve con torpeza en Cataluña. La compañía exige desde Madrid todo por escrito, pero los contratos públicos en la comunidad catalana tienen un componente verbal. Esto le hace perder atractivo para los gobiernos municipales, detallan fuentes del sector.
Si el grupo pretende recuperar el volumen de negocio perdido --o no perder los enclaves que aún mantiene en la región-- haría bien de adaptarse a la idiosincrasia del sector público catalán.