Miquel Trepat
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El episodio de robos en nichos en cementerios de Barcelona muta a un problema político. La juez de la sala de Instrucción número 10 de la ciudad ha abierto diligencias contra un grupo de trabajadores e inicia la investigación a una supuesta estructura organizada que tenía como objetivo robar los objetos de valor de los difuntos, incluso los dientes de oro.
Si se llega a confirmar este extremo, la gestión de la empresa pública quedará en entredicho. Especialmente si, tal y como apuntan fuentes conocedoras de las pesquisas que han derivado en el proceso judicial, se tenía conocimiento de los hechos años antes de que estallara el caso.
La investigación policial que ha llevado a la acusación de cinco personas por el caso ha sido fina y se ha prolongado en el tiempo, hecho que demuestra que se ha buscado que las tesis que se analizarán en sede judicial estén fundamentadas y se sostengan con hechos probados, no con simples sospechas.
Ha existido diligencia en este punto, aunque se debería haber actuado con más celeridad tras los primeros indicios de que existían nichos saqueados en los cementerios de Barcelona. Y esto es una responsabilidad de la gerencia de la empresa que gestiona unos equipamientos públicos sensibles.
El caso es grave y requiere de una gran dosis de transparencia a la hora de dar explicaciones a la ciudadanía. Se debe limpiar la reputación del grupo funerario de la ciudad, y, de nuevo, se debe proceder con celeridad.