Agustí Serra, director general de Ordenación, en una comparecencia pública
Agustí Serra
El Govern ya lleva 10 sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el polémico plan director (PDU) que vetó la construcción en numerosas zonas de la Costa Brava, el lugar de veraneo estrella en el territorio.
Los fallos judiciales anticipan un revolcón en el Tribunal Supremo, al que el Departamento de Territorio ha anunciado que recurriría para tratar de salvar la hoja de ruta.
Por lo pronto, la avalancha de resoluciones de la segunda instancia judicial aflora dos cosas: una, la falta de diligencia de Territorio a la hora de redactar un plan que, ahora, podría derivar en indemnizaciones millonarias a los propietarios de parcelas.
Y dos, el excesivo peso que se dio a los controvertidos ecologistas de SOS Costa Brava a la hora de redactar el instrumento de planeamiento. En lugar de escuchar a todas las partes y ponderarlas, la Consejería se dejó llevar por el lobi, y ahora el TSJC lo pone en su lugar.
Es la hora de tomar responsabilidades en el Departamento, ya que el correctivo propinado por la justicia es de órdago.
