En pleno episodio de sequía, un problema que cada año se agudiza y dura más tiempo a causa de la crisis climática, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión, la polémica la ha puesto sobre la mesa el sindicato agrario Unió de Pagesos, que ha denunciado la concesión que permitirá a la empresa minera ICL hacer uso del 80% del agua de la depuradora de Manresa.
La concesión se adjudicó en 2021 y está previsto que se haga efectiva en 2027, cuando se construya una tubería que desviará 6,68 hectómetros cúbicos de agua al año hacia la mina de Súria. La intención de la multinacional es emplear este recurso público para disimular los estragos que sus residuos salinos causan en el medioambiente.
Con esta adjudicación, la Generalitat brinda la posibilidad de que la empresa use la infraestructura pública para evitar contaminar el río Cardener, que a su vez desemboca en el Llobregat. Se trata de una cuenca fluvial que alimenta los campos de una parte de la agricultura catalana, y que ya está afectada por las filtraciones salinas que provienen de los residuos que causa la explotación de la mina de Súria y la de Sallent, cerrada en 2020.
En un momento en que la población catalana tiene restringido el uso común del agua a 200 litros por persona y día, mientras los agricultores se las apañan para mantener las cosechas con tan sólo el 20% del riego, la ACA ha eludido hablar de la concesión a ICL que ha levantado polvareda entre los agriculturos.
Pero es que la minera del Bages también consigue un trato de favor frente a otras industrias que también requieren un uso intensivo del agua y se dotan de sus priopias infraestructuras. Más, en un momento de emergencia por escasez de recursos hídricos.
La Generalitat de Cataluña no puede permitirse, en plena emergencia por sequía, aparentar tener un trato preferente hacia una compañía en concreto. Debe usar la misma vara de medir para todos los privados, es su obligación como gestor público.