El decretazo impulsado por el Govern de Pere Aragonès es una medida preocupante. La expropiación de licencias de pisos turísticos en un plazo de cinco años genera inseguridad jurídica y afecta negativamente a los propietarios que han invertido en este sector. Esta acción no solo dañará la confianza de los inversores, sino que también impactará negativamente en la economía de los municipios dependientes del turismo.
La medida propuesta tendrá un impacto directo en el comercio y otros sectores que dependen de los viajeros. La disminución de la oferta de alojamiento turístico puede llevar a una reducción en la llegada de visitantes y, por lo tanto, a una disminución en las oportunidades de negocio. Esto puede resultar en la destrucción de empleo y un golpe significativo para la economía local.
Además, esta norma plantea una invasión de competencias locales por parte de la Generalitat. Es importante respetar la autonomía de los municipios y permitirles tomar decisiones que se ajusten a sus necesidades particulares. La imposición de regulaciones desde el nivel autonómico puede generar conflictos y descontento entre los actores involucrados.
Es necesario buscar soluciones que promuevan un equilibrio entre la regulación y el desarrollo sostenible del sector turístico, sin imponer medidas excesivas que perjudiquen a los actores involucrados. La iniciativa que el Govern lleva este miércoles al Parlament con la intención de tramitarla por la vía urgente no ha superado el necesario debate público ni se ha sometido al diálogo con las partes implicadas. No es manera de legislar.