David Escudé

Desgraciadamente, los allanamientos son un problema generalizado en las ciudades, dentro y fuera de Cataluña, y los gobiernos locales no pueden actuar de forma decidida contra los delincuentes. La ley limita su margen de maniobra, hecho que se debería revisar.

Cuando una okupación deriva en un problema de convivencia en una zona, los consistorios deberían tener más margen de maniobra. Como mínimo, se les debería habilitar para que puedan iniciar las acciones necesarias para poder echar a los allanadores en los casos pertinentes. La desidia de un propietario, sea una persona física o jurídica, no puede ir en contra de la comunidad.