Albert Melià

La presión lingüística por parte de la Generalitat de Cataluña y de entidades y activistas ultranacionalistas ha llegado a límites inadmisibles. Su última víctima han sido los propietarios de un gimnasio de Reus, que además de haber tenido que pagar una multa astronómica a la Agència Catalana de Consum por el delito de tener algunos rótulos interiores sólo en castellano, ahora tienen que aguantar el acoso de un sinfín de radicales secesionistas anónimos que han sabido del caso a través de las redes sociales de activistas y grupúsculos ultras del catalán.

Con multas como esta, la Agència Catalana de Consum de la Consejería de Empresa ha hecho justo lo contrario de lo que se debería hacer para favorecer, ya no sólo la tolerancia y la convivencia, sino la actividad empresarial y económica de la autonomía. En suma, un ejemplo más de que la injusta y punitiva "política lingüística" del Govern conduce a la delación, la división y el enfrentamiento.