Cumplir la ley y respetar al Poder Judicial son dos normas elementales en democracia que cualquier ciudadano debe tener siempre presentes, tanto o más aún si se trata de un cargo público, cuya actitud debe ser ejemplarizante. Sin embargo, en Cataluña, parte de su élite política nacionalista no parece sentirlo como una parte de sus obligaciones, tal y como se ha evidenciado a lo largo del procés con sus reiterados actos de desobediencia patriótica.
El último de ellos lo ha protagonizado la exconsellera de Educación de la Generalitat y actual eurodiputada de Junts per Catalunya (JxCat) Clara Ponsatí, dando plantón al juez Pablo Llarena al no presentarse a declarar en su causa, precisamente, por desobediencia en el procés. Una incomparecencia que el magistrado ve injustificada, y al cual ha respondido con una orden de detención en España.
La dirigente ultranacionalista insiste así en desafiar a la justicia española a pesar de la inmensa generosidad mostrada hacia ella y sus correligionarios --vía indultos y rebajas de penas del Código Penal a medida-- por parte del Parlamento y del Gobierno del mismo Estado del cual abomina.