El acervo popular sostiene aquello de que "un mal acuerdo es preferible a un buen pleito", y es la fórmula que ha decidido aplicar Iberdrola en México, donde arrastraba años de peleas regulatorias y fricciones con un Gobierno local que no ha ocultado su frontal rechazo a la inversión privada, especialmente en los sectores estratégicos.
En el caso de la compañía que preside Ignacio Galán se da además la circunstancia de que el pacto con el jefe del Ejecutivo local, López Obrador, encaja en su proceso de reducir la presencia de plantas contaminantes de su cartera, en busca del objetivo de ser 100% neutra en carbono en 2040. Y que, además, le permitirá ingresar unos 5.500 millones con los que ya busca nuevas oportunidades en EEUU, mercado que se ha convertido en prioritario para la empresa con vistas al horizonte de 2030. Seguir con las plantas de gas en el país sólo le traería problemas, y una eventual venta a otro operador privado hubiera sido, a buen seguro, torpedeada desde el Gobierno. Probablemente, no haya sido la solución que más haya satisfecho a Galán. Pero como él mismo recordó, su labor en Iberdrola es gestionar el dinero y los intereses de los accionistas.