La consellera de Acción Exterior Meritxell Serret ha comprobado que desafiar al Estado tiene sus consecuencias. Ayer rindió cuentas en el TSJC y la fiscalía ha solicitado para ella un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa. A diferencia de Clara Ponsatí, que ha regresado a Bruselas clamando que no irá a declarar ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de abril, Serret ha acudido a los tribunales para dar la cara.