Es perfectamente legítimo que el máximo responsable de la seguridad en Cataluña aplique cambios para adaptarse a la nueva realidad delincuencial. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, lo ha hecho a través de un decreto que pone punto final a la etapa politizada de Carles Puigdemont.

Elena arrancó su mandato con purgas y relevos en la cúpula del departamento, muy polémicos por cierto. Ahora concluye la reestructuración, pero sin contar con los sindicatos de Mossos d'Esquadra. La falta de diálogo siempre tiene consecuencias negativas, sobre todo en un ámbito tan sensible como el policial.