El Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) ha encargado a la empresa Edai un servicio que tiene que ver con detectar las necesidades especiales de los alumnos que entran en el sistema. Según la Administración, entró en funcionamiento en el curso 2022-23 y sirve para conocer las necesidades que tendrá el menor y para que el centro en el que finalmente se matricule disponga de los recursos para su escolarización.

A priori, la finalidad es muy positiva porque se dota al niño y a su familia de los recursos adecuados. El problema es quién lo ejecuta. Y es que Educación debería cesar la deriva privatizadora que ha iniciado y trabajar por fortalecer las plantillas públicas.