Eloi Badia

El concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona ha presentado la flexibilización de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad como una medida social que beneficiará a los propietarios de 20.000 vehículos que quieren circular por las rondas y dentro de la capital catalana de lunes a viernes. Esconde que detrás de este movimiento está un objetivo político que poco o nada tiene de ayuda a los que menos ingresan.    

El futuro de la normativa está en el aire por una nueva torpeza administrativa en su creación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la anuló en marzo por falta de “proporcionalidad” en la restricción aplicada. Ahora, y de forma opaca, Badia y su equipo intenta sortear este fallo en una de las medidas estrella que los comunes querían presentar en el mandato.

Y lo hacen con una trampa, ya que el cambio pretendido en la ordenanza municipal que la regula propiciará que las familias que ingresan menos de 16.000 euros anuales estén exentas de cumplir la ZBE. O, lo que es lo mismo, las familias que entre todos los miembros ingresen por los pelos algo más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). ¿Realmente la regulación ambiental es el problema de estas familias? ¿No será que quizá les falten recursos ya no para comprarse un coche nuevo, sino para mantener el que tienen en propiedad (si lo tienen)? La falta de transparencia lleva a situaciones extravagantes.