Sant Cugat del Vallès ha declarado persona non grata al juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La moción, presentada por Junts, salió adelante en el pleno municipal del lunes con el apoyo de ERC --que el año pasado votó en contra-- y la CUP.
Las tres formaciones independentistas se apoyan en la resolución de un órgano satélite de Naciones Unidas, que no es vinculante (y que cuestiona si se allanaron los derechos políticos de los secesionistas que querían ser eurodiputados antes de la inhabilitación del Supremo), para afirmar que el Estado español y, en concreto, Llarena vulneró los derechos de los líderes del secesionismo por el referéndum ilegal del 1-O.
Después de que un grupo de radicales atacara la casa del magistrado en la citada localidad en el pasado, ahora los partidos independentistas deciden que tienen el poder para determinar quién es bienvenido o no en la ciudad. Otro gesto con el que pretenden demostrar su pureza secesionista --y obviar su falta de entendimiento-- y solo saca a la luz su falta de sentido democrático más básico.