La consejera de Derechos Sociales del Govern, Violant Cervera / EP
Violant Cervera
Las políticas de vivienda y, por extensión, las que hacen frente a la emergencia habitacional, deben estar en manos de las administraciones, no en las de pseudosindicatos o plataformas privadas. De ahí que el blindaje jurídico de la Agència de l'Habitatge de Catalunya sea una buena iniciativa de cara a los procesos de desahucios de familias en situación precaria. Pero las medidas aplicadas por este organismo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, demuestra que el problema es grave y que se deben intensificar las medidas ante la crisis que se avecina.
