El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), está encantado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas catalanas aprobadas para dar respuesta a la obligación de impartir un 25% de horario lectivo en castellano. La ejecución de ese porcentaje ha quedado en suspenso, pero parece que a Cambray solo le importa ganar tiempo, obviando la incertidumbre existente en la comunidad educativa.
Ignora el republicano que la prolongación de la causa judicial, necesaria para clarificar las cosas, añada malestar a los profesores. Al conseller le resbala que su resistencia a flexibilizar la inmersión monolingüe obligatoria en catalán añada confusión a un inicio de curso escolar ya de por sí complicado.