No es responsabilidad de los jueces resolver los entuertos de los políticos que nos gobiernan, que han sido incapaces de comunicar con más antelación a millones de familias que preparan unas inminentes celebraciones navideñas qué medidas sanitarias habrá que seguir durante las fiestas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pecado de falta de previsión y de lentitud al valorar un endurecimiento de las restricciones. El de Pere Aragonès ha querido avanzarse al resto solo para acabar dando marcha atrás, ya que se ha quedado solo en su defensa de unas medidas contundentes sin asegurarse de tener la suficiente caja como para poder compensar los daños económicos.
Al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presidido por Jesús María Barrientos no le corresponde subsanar todos los errores de la política, pero sí debe estar a la altura de la situación y pronunciarse con rapidez sobre cuestiones como el toque de queda, avalado por el Constitucional siempre y cuando esté absolutamente justificado. No es fácil deliberar ágilmente sobre un dilema con implicaciones tan significativas sobre la salud y los derechos fundamentales, pero la ciudadanía está en vilo y ya no puede esperar más.