Con la que está cayendo en la Cámara de Comercio de Barcelona --la justicia, tal como avanzó Crónica Global, ha anulado las elecciones que encumbraron a los independentistas de Eines de País--, a su presidenta solo se le ha ocurrido irrumpir en el debate sobre la lengua, instando a las empresas a utilizar el catalán como lengua habitual. Ignora Mònica Roca la sentencia del Tribunal Constitucional según la cual, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos--, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.
En tiempos pospandémicos, lo que menos necesitan ahora las empresas en embarcarse en luchas identitarias. Es apoyo, emprendimiento y proyectos de reconstrucción lo que requieren.