El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha acusado al Estado de ejercer "violencia" para "intentar crear una fractura social en la sociedad catalana y entre la sociedad catalana y la española". No deja de ser irónico que uno de los dirigentes más radicales del independentismo atribuya al Estado lo que él propugna, esto es, la ruptura del país y de sus sociedades. Como también es inaudito que acuse a otros de violencia precisamente quien lideró --junto a Jordi Sànchez, de la ANC-- el asedio violento a una comitiva judicial en la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Una actuación por la que fue condenado a 9 de años de prisión por sedición.
Cuixart es el abanderado del lema "lo volveremos a hacer", amenaza a la que apela cada vez que tiene oportunidad. No cabe duda de que los poco más de tres años y medio que pasó en prisión antes del indulto no fueron suficientes para cumplir el objetivo de "reeducación y reinserción social" que reserva el artículo 25 de la Constitución para las penas de privación de libertad.