José Luis Ábalos

Se debe celebrar que el Gobierno finalmente dé el paso de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de alquiler, una norma que ni siquiera pasó el filtro del Consejo de Garantías Estatutarias. Está claro que sobrepasa las competencias de que dispone la Generalitat, hecho que ya advirtió el sector cuando se aprobó la polémica norma.

Con todo, no se puede hacer politiqueo con una legislación que está al margen de la ley. Y eso es lo que ha hecho el PSOE al anunciar que no solicitará su suspensión cautelar a los magistrados que la analizarán y, salvo sorpresa de última hora, dejarán sin vigor.

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, asegura que esto es otro “gesto” a favor de que se termine el conflicto político permanente en Cataluña. Anunciarlo es una excusa demasiado evidente. Promover la iniciativa con titubeo solo es indicativo de la crisis interna del Ejecutivo y del rechazo de los socios de legislatura, Unidas Podemos, a anular una norma que pretenden elevar a todo el Estado. A pesar de que ya se ha demostrado que en Cataluña provoca precisamente lo contrario de lo que pretende.