La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sido meridianamente clara con el Gobierno catalán: debe vacunar sin mayor dilación a los policías nacionales y guardias civiles destinados en el territorio. Los independentistas no pueden usar más excusas para evitar inmunizar a los 7.300 agentes de ambos cuerpos.
Por ahora, se ha inoculado a casi el 15% de todos ellos la profilaxis ante el coronavirus. En un cuerpo análogo como sería Mossos d’Esquadra, este porcentaje supera el 70%, una diferencia que es muy difícil de justificar a pesar de los intentos de la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, y de la consejera de Salud, Alba Vergés. La sala que preside Aguayo, además de interponer las costas del proceso a la Generalitat, también advierte a la política de ERC que responde a título personal de futuros retrasos en la vacunación de ambos cuerpos de seguridad.
La contundencia de la respuesta del tribunal catalán acaba con las explicaciones pueriles que han dado los independentistas para intentar justificar una decisión que huele demasiado a política. Algo intolerable cuando se trata de una cuestión tan sensible como frenar la expansión del Covid entre unas personas que realizan trabajos catalogados de esenciales en la sociedad.