La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha emprendido acciones judiciales por las ayudas directas del Ayuntamiento de Barcelona a asociaciones afines, como Observatori Desc o Enginyers sense Fronteres. 

La Administración local opera en libertad para repartir subvenciones, pero debe entregarlas con arreglo a la ley. Cuando hay dudas sobre ello, el papel fiscalizador de los denunciantes, que representa Manuel Miró, es necesario y merece ser reconocido.