Los fondos europeos aún no han sido transferidos a España --y es posible que se retrase su llegada-- y todas las administraciones se suman al carro de la gestión. La Generalitat ya ha dicho que quiere administrar el cien por ciento de esas ayudas en Cataluña y ahora se suma al carro de la reivindicación la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo ha hecho junto a otras capitales europeas.

Es lógico, incluso conveniente, que la administración más próxima al ciudadano reivindique esa gestión, pero antes de dar la tabarra a las instituciones europeas, ¿no sería más conveniente negociar con otras administraciones locales copartícipes en los proyectos barceloneses? ¿O incluso con el Govern y el Ejecutivo español?