No hay excusas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no debería poner en marcha un nuevo impuesto, la nueva tasa de residuos, a cerca de 560.000 hogares de la ciudad a partir de julio.

Las maniobras del gobierno municipal, denunciadas por la oposición, incumplen un acuerdo de pleno y supondrían más carga fiscal para los vecinos de la capital catalana en un momento en el que una colosal crisis económica apenas está estallando.