La intención no podía ser más loable: poner en circulación pisos vacíos para garantizar el derecho a la vivienda. Pero sea por sucumbir a los dictados de los comunes, que han apoyado los presupuestos de la Generalitat, sea por incompetencia jurídica, lo cierto es que el Consejo de Garantías Estatutarias acaba de dar un serio revés al proyecto estrella del consejero de Territorio, Damià Calvet.

En un dictamen solicitado por Ciudadanos, este órgano considera que la norma catalana es inconstitucional y que una vivienda ocupada ilegalmente cuya posesión esté siendo reclamada judicialmente no debe considerarse vacía a efectos legales.