Marcar un salario mínimo de referencia en Cataluña que tenga en cuenta el coste de vida real en el territorio no es una mala iniciativa, pero hacer un simple uso propagandístico de una materia tan sensible como las retribuciones de una familia roza la mezquindad. La propuesta que anunció este jueves la Generalitat ante los agentes sociales no se puede llevar a buen puerto sin que sindicatos y patronales estén muy de acuerdo en ello, ya que el Gobierno catalán carece de competencias laborales en este sentido. Y ni la Consejería de Treball ni la vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès, han mostrado demasiada mano izquierda para ganarse el favor de los implicados en la forma en que han optado por lanzar el anuncio. ¿Su voluntad real es que llegue a buen puerto?