La actuación del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, deja mucho que desear. Primero le concedió el tercer grado a Oriol Pujol Ferrusola de forma arbitraria, una decisión que fue revocada por la justicia. Y después maniobró para conseguir el mismo efecto por otra vía, apelando al reglamento penitenciario. Calderó es conocido por su radicalismo independentista y por lucir un lazo amarillo en defensa de la libertad de los políticos en prisión preventiva por organizar el intento de secesión ilegal del 1-O. Dejar en sus manos la gestión de los condenados por el procés en caso de que así lo dictamine el Tribunal Supremo no parece la mejor idea.