La intervención del consejero de Interior, Miquel Buch, para acusar al Gobierno de dejar al president Torra sin escolta en su viaje a Bruselas no es más que otro acto de victimismo de la factoría Puigdemont. Aunque hace años que los presidentes y consejeros autonómicos se desplazan al extranjero sin necesidad de pedir permiso para su escolta, la normativa establece ese requisito, por lo que aplicarlo --como ha hecho el ministerio dirigido por Grande-Marlaska-- no puede ser nunca reprochable. Además, no es extraño que el ministro haya acabado con la flexibilidad del pasado, sobre todo cuando aquellos que se beneficiaban de ese trato tienen por único objetivo desprestigiar las instituciones españolas.