La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) promovida por el Gobierno del PP en 2015 dejó en manos del alto tribunal la posibilidad de suspender a los políticos que le desobedecieran. Es cierto que, con esta medida --discutida por algunos juristas--, Rajoy quiso ponerse de perfil y pasar al TC la patata caliente del desafío independentista. Pero también lo es que una actuación a tiempo del tribunal presidido por Juan José González Rivas podría haber evitado males mayores, como el juicio del procés y el encarcelamiento preventivo de los presos secesionistas.