La decisión de Amnistía Internacional de “monitorizar” el juicio por el 1-O ha generado una oleada de bajas entre sus socios españoles. Enviar observadores al proceso que tendrá lugar en el Tribunal Supremo supone poner en duda la calidad democrática de España y considerarla poco menos que una república bananera. Eso no ha gustado a muchos de los seguidores de la organización, que tienen claro que los acusados se saltaron la Constitución y el Estatut para intentar lograr la secesión, unos hechos que no pueden quedar impunes. La sección española de Amnistía Internacional, presidida por Arancha Vicario, debería ser más cuidadosa a la hora de afrontar estas cuestiones y no comprar el discurso nacionalista de forma acrítica.