Sería exagerado decir que las negociaciones para designar a los miembros del Corporació Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) son un ejemplo de transparencia. De hecho, los cargos no habían podido renovarse pese a que tenían el mandato caducado porque las tres organizaciones que forman el Govern --PDeCAT, ERC y Junts per Catalunya-- no se ponían de acuerdo en el reparto.
Finalmente, lo han hecho. ERC saca ventaja, pero menos. La figura del presidente del organismo encarna a la perfección qué representa y qué es este CCMA: la Administración pública y sus empresas, tomadas por la nomenclatura del régimen. El historial de Saül Gordillo no corresponde a lo que debería ser el cargo. Es más un funcionario al servicio de intereses políticos que un profesional de la información. Siempre ha vivido a la sombra del presupuesto, de forma directa o a través de subvenciones. Y cuando ha pasado por la empresa privada, contratado para rendir cuota a ERC, no ha dejado rastro alguno. Su amistad con Carles Puigdemont, del que ha sido socio en algún proyecto bien regado desde la Generalitat, no tiene precio.