Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior hace lo correcto cuando trata de quitar hierro a la kale borroka que sufre el magistrado Pablo Llarena en su domicilio barcelonés, unas agresiones que en realidad sufren más sus familiares y vecinos que él mismo, que reside habitualmente en Madrid. Está bien no jugar al alarmismo.

Sin embargo, no debe perder de vista que las fuerzas a sus órdenes tienen que perseguir a los autores de estas salvajadas, que hasta ahora han quedado impunes. El pavoneo que sus autores hacen en público confirma que, efectivamente, se sienten con patente de corso --hasta ahora, la tienen-- para hacer la vida imposible a quienes no piensan como ellos.

Los Mossos d'Esquadra son los encargados de investigar estos delitos que reivindican las juventudes de la CUP, Arran. Pero si el cuerpo policial autonómico tuviera que moverse con la misma energía de las condenas de las autoridades autonómicas a estos ataques, no saldrían de sus comisarías.