La contudente sentencia del caso Gürtel es todo un misil en la línea de flotación del presidente Rajoy, de su Gobierno y de su partido, el PP. La Audiencia Nacional deja claro que la trama supuso un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional", lo que se constata con las implacables y múltiples penas fijadas, entre las que destacan los 52 años de cárcel para Correa, los 33 para Bárcenas y los 15 para su esposa.
Pero la responsabilidad del PP y de su principal dirigente no puede quedar saldada con la condena a una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en la trama. Rajoy --cuyo testimonio negando conocer los hechos pone en duda el propio tribunal-- debe asumir también responsabilidades políticas ante uno de los casos de corrupción de mayor gravedad de la historia de España. Y ahora ya plenamente acreditado. A pesar de que el país necesita estabilidad institucional para no lastrar el crecimiento económico y para afrontar el desafío secesionista, Rajoy no puede seguir un solo día más ni al frente del Ejecutivo ni del partido, ya sea por voluntad propia o por la acción del resto de formaciones con representación en el Congreso.