La carta enviada por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a los alcaldes para instarles a garantizar la "neutralidad en la gestión de los espacios públicos" resulta tibia. Tras la agresión que se produjo el lunes en Canet de Mar (Barcelona) ante la colocación de cruces amarillas en la playa, se esperaba de Millo más contundencia. Cuando menos, una advertencia de las consecuencias penales que esa negligencia de los consistorios puede conllevar.

La delegación del Gobierno fue muy activa, años atrás, en la persecución judicial de ayuntamientos que no colocaban los símbolos oficiales o pagaban cuotas con dinero público a la Asociación de Municipios por la Independencia. Millo ha actuado, sí, pero de forma muy timorata.