Marc Pons
El Govern de Baleares se estrena fuerte en política de vivienda. Su primera ley de la materia tiene un aire casi confiscatorio. Está bien que frene la especulación inmobiliaria, pero obligar a que un propietario le entregue una vivienda si ha estado cerrada más de dos años puede ser muy injusto. La causística puede ser demasiado amplia.