Roures exige cobrar los intereses de su aval a la junta de Laporta

Máxima tensión en la junta directiva del FC Barcelona. La nueva configuración del aval por la misma cantidad que en marzo, 124,6 millones de euros, está generando más problemas de los previstos entre la cúpula culé. Aunque el escenario es optimista, toda vez que el CSD ya ha confirmado que la regulación de los avales será modificada en 2022 con el objetivo de que cada directiva pueda escoger el porcentaje aplicable sobre el presupuesto de gastos en una horquilla del 2% al 15%, ahora hay un nuevo elemento distorsionador que amenaza la armonía del grupo de directivos que lidera Joan Laporta: los intereses del aval.

Jaume Roures, uno de los pocos avalistas que no está metido dentro de la junta directiva del Barça, ha exigido al club que se le reembolsen los intereses del aval que está pagando trimestralmente de su propio bolsillo. Según ha podido saber Culemanía, los intereses generados en este tiempo ascienden a unos 400.000 euros. El dueño de Mediapro se ha mostrado inflexible en este sentido: está dispuesto a ayudar a que Laporta se mantenga en el cargo, pero no a pagar la fiesta asumiendo el coste asociado a la ayuda prestada.

400.000 euros de intereses

Este sería uno de los motivos por los que Roures pasa de avalar 30 millones de euros a tan solo 10 millones. La conformación de la estructura original del aval contemplaba que cada avalista se hacía cargo de sus intereses aunque, obviamente, a más dinero avalado, más elevados son los intereses a pagar. Roures entiende que esta regla impere entre los miembros de la directiva, pero no entre los que han avalado desde fuera, como es su caso.

Fuentes bancarias consultadas por este medio aseguran que cualquier aval conlleva una carga de interés que va del 1% al 1,5%. Estos porcentajes encajan a la perfección con la citada cantidad de 400.000 euros, en términos aproximados. Si ahora Roures avala 10 millones en lugar de 30, esos intereses se verán significativamente reducidos a unos 125.000 euros.

Más dinero; más tensión 

Las tensiones que se han generado a nivel interno vienen por un motivo bien sencillo: si Roures se niega a pagar esos 400.000 euros, los que se tienen que encargar de asumirlo son los propios miembros de la junta directiva. Y una cosa es llamarse Juli Guiu, Jordi Llauradó o Eduard Romeu y asumir un coste de 100.000 euros después de poner un aval de ocho millones –esta es la cifra que, en principio, correspondía avalar a todos los directivos– y otra muy diferente es tener que pagar la parte proporcional relativa a los intereses del aval de Roures: 400.000 euros que divididos a partes iguales entre los 20 directivos que componen la junta suponen un gasto extra de 20.000 euros más.

Los miembros de la junta directiva de Joan Laporta en el acto de investidura / FCB

Los miembros de la junta directiva de Joan Laporta en el acto de investidura / FCB

Esta cantidad podría parecer poco significativa para un directivo del Barça, pero es importante recordar que varios miembros de la guardia pretoriana de Laporta no pusieron aval o pusieron uno muy simbólico. Hablamos de los amigos del presidente, esas personas de confianza que siempre dan la cara por él y conforman su núcleo duro: Elena Fort, Rafa Yuste, Josep Cubells, Josep Ignasi Macià, Xavi Puig y Alfons Castro. En caso de que ni ellos ni el presidente cubran los intereses de Roures, la cifra a pagar por barba se elevaría a 30.000 euros. El aval se supone que lo recuperan, pero los intereses no.

Nuevo reparto 

Se trata de una situación incómoda en la directiva porque algunos no llevan bien que no todos los miembros de la junta tengan las mismas obligaciones económicas. Hay que recordar que para la constitución del primer aval ya hubo varios directivos que tuvieron que poner más dinero del inicialmente pactado, como Antonio Escudero, que superó los ocho millones de la mayoría. Además, quedaron 10 millones colgados que tuvieron que avalar entre todos de forma solidaria.

Otros que han cobrado protagonismo son Joan Soler y Sisco Pujol –este segundo todavía no es directivo porque no tiene la antigüedad de socio–, que entraron tras la victoria electoral y ayudan a cubrir la rebaja de Roures. También el tesorero Ferrán Olivé ha dado tregua a sus residencias, con varios reveses judiciales incluídos, y ha movido hilos para cooperar en este sentido. Pero lo que más molesta a algunos, más allá de las decisiones no compartidas en muchos casos que impone el presidente, es que ni siquiera entre ellos conocen la cifra que ha avalado cada directivo. Tan solo lo sabe Laporta, quien asume la responsabilidad de solventar este incidente provisional con Jaume Roures.