Laporta se aferra a la Due Diligence para evitar un aval de 570 millones

La junta directiva de Joan Laporta se puede ver metida en un problema de dimensiones siderales en los próximos meses. La presentación de unas pérdidas cuantificadas en 481 millones de euros atribuidas a la mala gestión de la junta de Josep María Bartomeu se puede girar en contra de los gestores actuales a tenor de los antecedentes judiciales que resolvieron casos similares. Con la jurisprudencia de 2003 y la legislación sobre sociedades anónimas deportivas en la mano, el Barça de Laporta podría tener que avalar un montante total de 571 millones de euros en el ejercicio actual.

La cifra es tan aberrante que, presumiblemente, no le podrían hacer frente los directivos actuales con su propio patrimonio. Tan solo hay que recordar las enormes dificultades que tuvieron para avalar 124,6 millones de euros el pasado marzo. Sin embargo, el Real Decreto 1251/1999 de sociedades anónimas deportivas es muy claro al respecto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera: la junta deberá avalar el 15% del presupuesto de gastos más las hipotéticas pérdidas que se hayan ocasionado en el mandato anterior.

Yuste, Laporta, Masip, Naval y Alemany en el 'stage' de Alemania / FC Barcelona

Yuste, Laporta, Masip, Naval y Alemany en el 'stage' de Alemania / FC Barcelona

Así lo recoge, textualmente, el citado Real Decreto: “En el supuesto de que los resultados fuesen negativos, la cuantía del aval será la que se obtenga de sumar a dichos resultados negativos acumulados el 15 por 100 del presupuesto de gastos correspondientes, salvo que la liga profesional hubiera ejecutado el aval, en cuyo caso, la cuantía será del 15 por 100 del presupuesto de gastos correspondientes, más el importe de los resultados negativos en la cuantía no cubierta por el aval ejecutado, en su caso”.

90 millones de aval sobre un presupuesto de 600

El presupuesto de ingresos presentado para el nuevo curso es de 765 millones de euros, con lo que la cifra a avalar sería de 114,75 millones de euros. Sin embargo, el montante exacto todavía se desconoce ya que la ley habla del 15% del presupuesto de gastos (y no de ingresos), que todavía no es público. Fuentes próximas a la directiva consultadas por Culemanía aseguran que esperan una reducción del aval por importe de unos 30 o 40 millones de euros, lo que supondría aprobar un presupuesto de gasto aproximado de 600 millones.

En ese caso, estaríamos ante una cifra a avalar de unos 90 millones correspondientes al 15% del presupuesto de gastos (unos 35 millones menos que en marzo) a la que habría que sumar el total de las pérdidas acumuladas, que asciende a 481 millones. De esa operación resultan los 571 millones anteriormente mencionados como el total máximo a avalar.

Vías para evitar que las pérdidas se sumen al aval 

La vía principal para reducir esta cifra con arreglo a la ley sería acreditar que buena parte de esas pérdidas, o la totalidad, son consecuencia de la pandemia. Si la directiva puede acreditar ese punto, quedaría exenta de dar cuenta de esas pérdidas. Sin embargo, Laporta y su junta vienen defendiendo desde la pasada asamblea de compromisarios que la mayoría de las pérdidas no son imputables al Covid, sino a la gestión de la junta de Bartomeu.

Joan Gaspart, en la asamblea de socios compromisarios de junio de 2021, valora las operación del Barça / FCB

Joan Gaspart en la Asamblea de socios compromisarios de junio de 2021 / FCB

De ahí se desprende la segunda vía que, presumiblemente, será a la que se agarre Laporta: interponer una acción de responsabilidad casi imposible de que prospere en base a los resultados de la Due Diligence que se presentarán el próximo 6 de octubre. En ese caso, Laporta ganará tiempo en los juzgados para intentar librarse de presentar el aval mientras la cuestión esté judicializada. Y, si en dos años, como dicen, son capaces de generar los beneficios suficientes, habrán conseguido eliminar todas estas pérdidas acumuladas y se librarían de avalar. Una jugada de estrategia que está sobre la mesa. Si no lo consiguen, al menos se habrán librado de depender de terceros, como Roures. 

El precedente de Laporta con Gaspart 

El problema para que prospere la acción de responsabilidad es la jurisprudencia generada en 2003. Entonces, todas las instancias judiciales fallaron en contra de Laporta, cuando intentó imputar las pérdidas del mandato de Joan Gaspart a la gestión de éste. La junta de Jan solamente había gobernado ocho días, pero al entrar en el mandato anterior, tuvo que asumir esas pérdidas como suyas y no solo eso, sino que además perdió un año de mandato.

El Tribunal Supremo resolvió en última instancia en 2013 que los 62,3 millones de pérdidas del ejercicio 2002-03 eran imputables a Laporta. Y añadió que les correspondía avalar por valor de 23,2 millones equivalentes al 15% del presupuesto de gastos. Finalmente, nunca se llegó a ejecutar ese aval ya que la sentencia de la acción de responsabilidad presentada por la junta de Sandro Rosell contra la de Laporta en 2010 eximió de responsabilidades a la directiva del actual presidente, aunque dio como buenas las pérdidas presentadas y auditadas por el club.