El FC Barcelona, al igual que en 2023, ha arrancado el año envuelto en problemas en el ámbito judicial. No solo por el recorrido del conocido caso Negreira, sino también por la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado al club azulgrana a pagar 23 millones por tributar de forma incorrecta las comisiones de los agentes en un período de tiempo. Esa situación ha obligado a la directiva de Joan Laporta a tomar cartas en el asunto, concretamente con la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo.
En este sentido, el Barça aseguró en un comunicado que "presentarán recurso al Tribunal Supremo" con el objetivo de sacudirse la obligación de pagar esa multa a Hacienda por las comisiones de los representantes entre 2012 y 2015. La mencionada sentencia es que el club azulgrana al pagar directamente a los agentes está dando una retribución encubierta a los futbolistas, debido a que son estos son los beneficiarios del servicio de los agentes.
Bartomeu y Rosell saludándose en un acto
Sin embargo, la entidad culé tiene a su favor un precedente del Real Madrid que permite ser bastante optimistas con respecto a una resolución favorable. Ese caso también se trata de una sentencia de 28 millones de euros que debía pagar al club merengue por presuntas irregularidades para pagar a los agentes, siendo en este contexto que las facturas emitidas a los representantes incluían el IVA, por lo que desde los altos mandos se deducían el correspondiente impuesto.
El Supremo sentó jurisprudencia
La resolución de dicha situación fue favorable para el Real Madrid. Tras la sentencia que impuso el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la entidad blanca recurrió al Supremo. En este sentido, los magistrados le dieron la razón al club presidido por Florentino Pérez, que defendía que el representante del jugador es un intermediario cuyos servicios de mediación había contratado, y que por eso remuneraba ese servicio, con independencia de que el futbolista pueda resultar también beneficiado.
Florentino Pérez, durante la asamblea del Real Madrid
Esa sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia para los clubes del fútbol español que también estaban afrontando sus respectivos conflictos con Hacienda, como es el caso del FC Barcelona. Si bien la situación de los azulgranas no tiene que ver directamente con la deducción del IVA, aunque también termina teniendo influencia en Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de Personas Físicas y sobre la Renta de No Residentes.
Hay que recordar que la multa de la Audiencia Nacional del Barça tiene que ver con la sección del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que puede terminar aprovechando ese importante precedente a su favor. Dentro del club saben de esa posibilidad, siendo incluido dentro del comunicado del recurso que van a presentar al Supremo: "Sorprende que esta sección del Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no haya tenido en cuenta la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo al respecto, y por la que se han podido beneficiar otros clubes de fútbol en sentencias recientes por la misma problemática".
El beneficio contable para el Barça
Aunque los 23 millones de euros de multa suponen un duro golpe a simple vista, el Barça ha dejado claro que esa situación no comporta por el momento ninguna obligación de pago, debido a que la sentencia está debidamente provisionada en las cuentas anuales. Por esa razón, recibir una resolución positiva del Supremo tendría un impacto positivo en los números de final de temporada, teniendo en cuenta que la mencionada cantidad podría contabilizarse como un ingreso al no existir un gasto.
No es la primera vez que el FC Barcelona estaría ante ese escenario, recordando que la junta de Laporta llegó a provisionar 45 millones de euros en la batalla judicial que había con Neymar. Sin embargo, el mandatario consiguió evitar ese proceso a partir de un pacto con el futbolista, lo que permitió convertir esa cuantía en beneficios en el ejercicio posterior. La entidad culé espera replicar esa misma jugada contable con el nuevo conflicto con Hacienda.