Más personajes mediáticos entran en escena con el Barçagate. Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde serán con toda probabilidad llamados a declarar como testigos de cara a esclarecer los hechos que se investigan en la instrucción del también conocido como caso Negreira.
La Fiscalía ha pedido al juez que cite para prestar testimonio a los dos exentrenadores del FC Barcelona, según han explicado a El País fuentes judiciales. La denuncia incluye a los dos técnicos en la relación de testigos para que expliquen si, durante su etapa al frente del primer equipo, conocieron la existencia de supuestos informes sobre el comportamiento de los árbitros en el terreno de juego.
7,3 millones pagados a Negreira
El Barça pagó 7,3 millones a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, etapa en la que el excolegiado ejercía como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA). En la denuncia presentada el pasado viernes, la Fiscalía concluye que la intención del club era influir en el resultados de los partidos. Los pagos a Negreira pretendían que este influyese en las decisiones de los árbitros para resultar “favorecido” en la competición. Otras versiones comentan que, al menos, pretendían no salir perjudicados.
Los pagos no obedecen a ningún servicio realmente prestado, según esas hipótesis, aunque la instrucción judicial es la que finalmente lo determinará. En su declaración ante Hacienda durante una inspección fiscal que fue el origen del caso, Negreira afirmó que el Barça le pagaba por “asesorías verbales” para asegurarse de que recibía arbitrajes “neutrales”, que no le perjudicasen. Actualmente el exárbitro tiene un principio de alzheimer y podría evitar declarar a pesar de estar imputado.
Las explicaciones públicas que los responsables del club de las distintas etapas han dado hasta la fecha es que, o bien desconocían la existencia de los pagos a Negreira, o bien que correspondían con informes escritos sobre el perfil de los árbitros. La Fiscalía sostiene que esas explicaciones no se sostienen y que, en todo caso, solo explican una parte de la realidad. Al margen de los 7,3 millones de euros al exdirigente arbitral, el Barça también pagó -a través de una empresa propiedad de un exdirectivo fallecido- un total de 450.120 euros a Soccercam, la empresa del hijo de Negreira, el coach Javier Enríquez. De ese importe, más de 153.034 euros fueron a parar a los bolsillos del exdirectivo, Josep Contreras, y corresponden con “su comisión como intermediario”.
Los desembolsos a Javier Enríquez se produjeron entre 2016 y 2018, durante la etapa de Josep Maria Barotmeu como presidente del club. La Fiscalía considera que Bartomeu y dos directivos denunciados “conocían el entramado” y “evitaron a toda costa que” el hijo del exdirigente arbitral “fuera contratado directamente por el FC Barcelona para no relacionar el apellido con el club”. A diferencia de lo que ocurre con las asesorías verbales del padre, los trabajos de Soccercam sí están acreditados: cada semana, el coach entregaba al club un informe escrito y un DVD en el que se analizaba el comportamiento de los árbitros sobre el terreno de juego como forma de ayudar al cuerpo técnico a preparar los partidos.
Preguntados sobre los informes
El objetivo de la Fiscalía al pedir que se cite a declarar a los entrenadores es, precisamente, aclarar hasta qué punto esos informes resultaban útiles. Preguntado por esos informes, Valverde -que actualmente entrena al Athletic de Bilbao- aseguró que los desconocía. “En Barcelona ni sabía que existían. No tenía ni idea de todo esto”. Valverde ocupó el banquillo del Barça entre 2017 y 2020 y sucedió en el cargo a Luis Enrique (2014-2017) que dejó la selección española tras el Mundial de Qatar y no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.
La denuncia presentada por la Fiscalía está pendiente de ser admitida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que también debe decidir si admite la denuncia de un árbitro del VAR contra Negreira y su hijo. Si el juez acuerda su declaración, tanto Luis Enrique como Valverde deberán declarar como testigos, una condición que implica la obligación de decir la verdad y de responder a todas las partes que les formulen denuncias.