El FC Barcelona tiene recurrida desde el mes de noviembre la sentencia sobre el despido disciplinario de Matheus Fernandes. El juzgado de lo social número 10 de Barcelona estimó parcialmente la demanda del futbolista y le dio la razón al considerar que se trataba de un despido improcedente, según la sentencia judicial a la que ha tenido acceso Culemanía. En la misma, se condena al Barça a pagar una indemnización total de 8,5 millones de euros. Esta cifra supone un ahorro para el club azulgrana de 6,3 millones de euros a tenor de la reclamación total exigida por el jugador brasileño. Una solución que no convence al club presidido por Joan Laporta.
El magistrado del juzgado de lo social encargado del caso, Jesús Gómez Esteban, argumenta a lo largo de 24 folios los motivos de su resolución, un punto intermedio entre las peticiones de cada una de las partes. Mientras el Barça se acoge a la indemnización mínima prevista en el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, que sería de dos mensualidades sobre la última remuneración anual del jugador; la representación legal de Matheus se acoge a la totalidad de los pagos previstos en el contrato firmado con el club hasta el 30 de junio de 2025.
Es decir, el Barça considera que solamente le debe pagar 731.291,67 euros. Esta cifra se corresponde con dos mensualidades sobre el total de 4.387.750 euros que le correspondía cobrar en la temporada 2020-21, al final de la cual fue despedido mediante carta de despido entregada en fecha 29 de junio de 2021.
Matheus aspira a cobrar 14,8 millones
Los abogados de Matheus, en cambio, entienden que el jugador debe cobrar 14,8 millones de euros. Esta cifra resulta de la remuneración total pactada en los cinco años de contrato firmados (16,75 millones), restándole los pagos fijos del primer año, que ascendían a solamente 1,88 millones de euros.
El contrato íntegro del futbolista, que nunca fue presentado por el club y jugó su primera temporada cedido en el Valladolid, fijaba las siguientes cantidades: 1.880.000€ en la temporada 20-21; 2.273.000€ en la 21-22; 2.658.000€ en la 22-23; 3.042.000€ en la 23-24; y 3.427.000€ en la temporada 24-25. Además, añadía un signing bonus de 1.923.000€ a pagar antes del 31 de octubre de 2020 y un special bonus por un total de 1.538.000€ a pagar en tres plazos (31 de octubre de 2020, 31 de octubre de 2021 y 31 de octubre de 2022).
La solución intermedia del juez
La diferencia entre las pretensiones de una y otra parte son abuptas: hay casi 14 millones de diferencia entre la interpretación de lo que debe pagar el Barça y la de lo que debe cobrar el jugador. El juez ha tenido en cuenta diferentes "circunstancias concurrentes" para llegar la decisión de fijar la cuantía indemnizatoria en una mitad aproximada de 7,7 millones de euros. Además, aplica al Barça el pago de intereses de mora por valor de 810.000 euros. De ahí resultan los 8,5 millones fijados.
El juez entiende que no existen causas para justificar un despido disciplinario en este caso y que es improcedente. Por lo tanto, debe fijar una cantidad intermedia entre el mínimo legal que pide el Barça y el máximo basado en el contrato firmado que exige Matheus.
Argumentos en favor de Matheus
Las otras circunstancias concurrentes que ha tenido el juez para llegar a esa conclusión son las siguientes: primero, que el Barça pagó 8.641.975,31 euros por su contratación, procedente del Palmeiras, en 2020. Segundo, que en el contrato se estableció una cláusula de rescisión para el jugador de 300 millones de euros; es decir, si el jugador se iba unilateralmente debía depositar ese dinero, pero en caso de que sea el Barça el que rescinde el contrato, no hay cláusula tipificada.
Otro aspecto que señala el juez es que el jugador ha renunciado a los cinco millones adicionales que reclamaba como daños morales. Además, también en favor del jugador, el magistrado pondera la "drástica disminución de su retribución" al ser despedido, lo que le supone una "pérdida económica relevante".
Argumentos en favor del Barça
En favor del Barça, el juez también encuentra argumentos. Por ejemplo, asume como verídico que el jugador parece no tener nivel para jugar en Europa, ya que tras dejar el club azulgrana tuvo que volver a Brasil al no encontrar equipos europeos interesados en él. También señala el juez que no hay mala fe con el despido, a pesar de convenir que no es disciplinario sino improcedente.
Por este motivo, alcanza una solución intermedia para las dos partes como resolución del proceso con esos 8,5 millones de indemnización. Una solución que no ha gustado al Barça, que ya ha recurrido en segunda instancia a pesar de que se puede ahorrar 6,3 millones. Desde el club consideran que solo deben abonar los citados 731.291,67 euros, que se corresponden a dos mensualidades de 365.645,83 euros cada una.