Sandro Rosell recaba pruebas para demostrar que fue encarcelado por la ‘Operación Cataluña’

La situación judicial de Sandro Rosell ha tomado un nuevo camino. El expresidente del FC Barcelona, junto a su grupo de abogados, va a recabar pruebas para demostrar que su encarcelamiento está vinculado a la Operación Cataluña. Dicho movimiento está relacionado a la información compartida por El Periódico de España, en donde se desvelaron las cloacas de la Policía del Gobierno español para iniciar en 2014 una investigación, sin ningún control judicial, contra Rosell.

El abogado del exdirigente culé, Pau Molins, habló para la cadena Ser sobre la presentación de una querella. “Ahora lo que tenemos que estudiar es contra quién presentaremos la querella pero lo que parece claro es que por motivos paralegales se construyó una causa judicial contra Rosell y que se le mantuvo en la cárcel por hechos sin contenido y ahora hay que ver e investigar qué motivos había para dictar aquella resolución injusta y también acreditar si como apunta Villarejo ha habido corrupción judicial, y si se puede acreditar también si la juez recibió como premio la entrada en el Supremo", explicó.

Pau Molins y Sandro Rosell pariticipan en la grabación de 'El cas Rosell' / EFE

Pau Molins y Sandro Rosell pariticpan en 'El cas Rosell' / EFE

Rosell estuvo en prisión provisional durante 21 meses por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal procedente de la venta de derechos de televisión de 24 partidos de la selección brasileña, pero finalmente la Audiencia Nacional lo absolvió por falta de pruebas concluyentes. Esa controversial situación apunta a estar vinculado a conflictos políticos, a tal punto que el mencionado abogado indicó a través de un comunicado que “se ocultaban oscuros intereses de naturaleza política y/o económica de terceras personas interesadas en perjudicarle”.

Villarejo, la pieza clave en el caso

Tal y como apuntaba el abogado de Rosell, uno de los principales implicados en el caso es José Manuel Villarejo, el comisario que inició la investigación con el Proyecto Barna y la Operación Cataluña, según los documentos, testimonios y grabaciones a las que ha tenido acceso El Periódico de España.

Durante el pasado día sábado, Villarejo fue entrevistado en TV3 para hablar de su participación en toda esa investigación. Sobre ese tema, explicó que uno de los principales motivos por los que fueron directamente con Rosell era porque entendían que el FC Barcelona “era un elemento vinculado al independentismo que había que desestabilizar”. Además, añadió que “se habló con una jueza que se llama Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue, también ya se metió en el tema del procés, fue la misma que mandó detener a todos los del procés, creo recordar".

El excomisario José Manuel Villarejo / EUROPA PRESS

El excomisario José Manuel Villarejo / EUROPA PRESS

Cabe recordar que la jueza Carmen Lamela fue la encargada de sentenciar al expresidente azulgrana a 22 meses de prisión preventiva, aunque sin contar con ninguna prueba que pudiera ser incriminatoria. En este sentido, Villarejo cuenta que "me imagino que Lamela mantuvo a Rosell en prisión porque tenía una vinculación tremenda con el CNI entonces, como se ha demostrado, y le habían prometido lo que ha conseguido, que es ir al Tribunal Supremo. El problema cuando un juez comete un error o le anulan un juicio es que no le pasa nada".

¿Qué es la ‘Operación Cataluña’?

Dicha investigación estuvo apadrinada bajo el término Operación Cataluña, la cual tuvo al excomisario José Manuel Villarejo con la misión de publicar un informe contra dirigentes independentistas con noticias falsas de corrupción, en plena campaña electoral catalana de 2012, en lo que fue el pleno agua del independentismo en Cataluña. La información detalla que la vinculación de Mariano Rajoy durante su etapa como presidente.

A partir de ese caso se vio involucrado Sandro Rosell, que estuvo 645 días en prisión preventiva. La justicia española valoró en 27 euros cada día que privó de libertad al exdirigente del Barça, lo que se traduce en una indemnización de 17.415 euros. Sin embargo, exigió al Estado un total 29.754.465,02 euros a través de de la demanda de responsabilidad patrimonial.