Bartomeu, González Franco y los Minguella estudian una ofensiva contra Laporta

Indignación y ánimo de revancha. Es lo que se respiraba este martes 1 de febrero en un sector del barcelonismo que no comulga con la actual junta directiva. La exposición del forensic por parte de Joan Laporta ha confirmado los presagios que se esperaban las partes afectadas. Unos entienden que la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya es un mero pretexto para manchar, todavía más, su ya dañada reputación. Otros, en cambio, entienden que simplemente son víctimas colaterales de esa guerra de bandos que desde hace años enfrenta a dos facciones barcelonistas que beben del cruyffismo y el nuñismo. Las que hoy se denominan laportismo y bartorrosellismo. 

La rueda de prensa del ahora presidente del Barça, acompañado del penalista Jaume Campaner, ha servido para exponer los motivos que llevan a judicializar el club. Otra vez. Y entre esas razones se encuentran cinco conductas supuestamente irregulares o punibles --comisiones a intermediarios (Malcom y Griezmann), permutas de jugadores con otros clubes (Cillessen-Neto y Arthur-Pjanic), pagos por derechos de tanteo a determinados jugadores (al Atlético; vinculado al tema Griezmann), fraccionamientos de facturas (como en el Barçagate) y pagos vinculados al Espai Barça (una comisión de 1,5 millones de euros)-- que podrían haber causado un perjuicio económico al club que el informe forensic valora en "más de 30 millones de euros", según la abogada Almudena Ruiz, de la agencia Kroll. 

"Si hubiese indicios de delito, se querellarían"

Según Laporta se trata de una combinación de "pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados" que podrían ser constitutivos de tres delitos diferentes: administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida en la modalidad de distracción. Este último tipo delictivo significa sustraer un dinero ajeno para el enriquecimiento de un tercero y casaría con las posibles comisiones que se pretenden imputar a Junior Minguella o José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu en el caso Neymar, que también aparece en los papeles adjuntos a la denuncia. Curiosamente, el asunto de Neymar se puso en marcha a raíz de la querella del socio Jordi Cases que, asesorado por el letrado Felipe Izquierdo, acusó al Barça de apropiación indebida en la modalidad de distracción. La justicia archivó la causa por aquel delito, pero la prosiguió través de un fraude fiscal por no pagar los impuestos derivados de una prima de fichaje que se consideró salario. 

Después de hablar con las partes afectadas por la denuncia, la mayoría coincide en dos reflexiones: por un lado, le quitan trascendencia a los hechos, alegan que ya se conocía todo, que no es novedoso y en ningún caso constitutivo de delito. "Si hubiese indicios reales de delito, habrían interpuesto una querella en lugar de acudir a la Fiscalía. De esta forma se aseguran que se investigará el caso durante seis meses, con el impacto mediático que ello conlleva, y no se arriesgan a que la querella sea inadmitida a trámite por falta de pruebas", explica una de las fuentes consultadas por Culemanía.

Por otro lado, reconocen que se han planteado interponer acciones penales, pero lo descartan por el momento a la espera de tener toda la documentación y ver cómo evoluciona el caso: "Han actuado así para protegerse de una posible querella posterior por falsa acusación; por ahora no hay argumentos suficientes para querellarse por falsa acusación ni, posiblemente, para poner una denuncia por calumnias".

Minguella defiende a su hijo

Aunque las tres partes se sienten igual de afectadas en el sentido de que se está dañando su imagen, hay algunas diferencias evidentes. Los Minguella, por ejemplo, están tranquilos porque todos los pagos están reflejados en facturas y son legales. Más allá de que alguien pueda estar de acuerdo o no en los importes, entienden que está toda la documentación debidamente justificada. El propio Minguella ha asegurado en Telecinco que "mi hijo Junior cobró el 5% de comisión que le corresponde como agente y el resto fue a parar a los representantes del jugador". Asimismo, Culemanía ha podido saber que para evitar el traspaso de Malcom a la Roma, que ya estaba hecho, hubo que poner dinero para contingencias como, por ejemplo, posibles cláusulas de penalización por romper un precontrato. 

Lo que envuelve el caso Griezmann

En el caso de la anterior junta directiva, están tranquilos también porque "no hay nada, ninguna novedad; antes de llevar a cabo cualquier acción se deberían conocer los detalles y hoy no se ha aportado ninguno". Entienden que no hay soportes documentales que prueben esa supuesta comisión de siete millones de euros a González Franco por intervenir en el fichaje de Griezmann porque, sostienen, que no existió. El penalista, eso sí, habría percibido más de un millón de euros por parte del entonces y ahora futbolista del Atlético de Madrid, pero nunca del Barça. La entidad azulgrana solamente le pagó sus honorarios por servir al club en el caso Neymar, del que ingresó 950.000 euros después de conseguir que la Abogacía del Estado y la Fiscalía pasasen de reclamar 70 millones de euros a aceptar un acuerdo de conformidad por cinco millones, que fue firmado, con la consecuente condena penal al club. 

Antoine Griezmann, en su presentación oficial con el Barça / FCB

Por el momento no actuarán

Por lo pronto, ninguna de las partes hará nada, pero todas se lo plantean en caso de que se les acuse directamente de la comisión de un delito que, aseguran, no han cometido. De momento, el presidente Laporta y los demás participantes en la exposición han sido muy cautos y no han querido pronunciar el nombre de ninguno de los afectados para no dar pie a posteriores acciones penales. Una vez recabado el material probatorio, se lavan las manos y lo dejan todo en manos de la Fiscalía. En caso de que pasen a la acción, posiblemente lo harían por separado ya que cada parte tiene sus propios intereses. 

El abogado José Ángel González Franco junto a su representado, Josep María Bartomeu / EFE

“No se trata de hurgar, ni de calificar de mejor o peor la gestión de la junta anterior, se trata de poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de conductas delictivas gravísimas, en algunos casos esperpénticas, y que no se sostienen desde puntos de vista ni jurídicos, ni económicos”, ha expuesto el penalista Jaume Campanar durante su comparecencia. Desde el bando opuesto consideran que está pasando todo lo contrario a lo que dice el abogado: hay ganas de hurgar y de dañar la reputación de la junta directiva que presidió Josep Maria Bartomeu hasta el 27 de octubre de 2020. Continuará...