El caso de Sandro Rosell sigue trayendo cola. El expresidente del Barça fue detenido el 24 de mayo del 2017, después de un año de investigación por parte de especialistas en delincuencia económica. El caso pasó entonces a ser instruido por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien acordó su prisión preventiva, al entender que había riesgo de fuga.
La Fiscalía acusaba a Rosell de participar en el blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), considerando que podría haberse quedado con al menos 6,5, en intermediación de contratos como el del 2006, en el que la CBF cedió a una compañía de Arabia Saudí los derechos audiovisuales de 25 partidos de la selección por 27 millones de euros.
Una foto de Sandro Rosell durante el primer día de juicio / EFE
Una foto de Sandro Rosell durante el primer día de juicio / EFE
En este sentido, la jueza instructora vio con claridad los indicios de delito, que la llevaron a meter en prisión a Rosell de forma preventiva (la Fiscalía pidió una condena de 11 años). Rosell pasó 22 meses en la cárcel de forma preventiva, hasta que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional. Ahora, el expresidente culé clama venganza y defiende su honor, en forma de indemnizaciones y también de forma pública.
29 millones de indemnización
En este sentido, según avanzó el diario El Mundo, Rosell exigirá al Estado 29.754.465,02 euros a través de demanda de responsabilidad patrimonial, tras sus injustos dos años de prisión preventiva. La misma información apuntó que el expresidente no aspirará a que esa elevada cifra sea asumida por los contribuyentes, sino que sean a los funcionarios públicos -juez, policías y fiscales- que procedieron a su arresto en el marco de la Operación Rimet.
En caso de lograr su objetivo, Rosell descontará los gastos jurídicos y logísticos generados por el proceso y donará el resto a causas benéficas. Una fórmula que ya ha realizado con los derechos de autor del libro sobre su paso por la cárcel, Un fuerte abrazo.
Sandro Rosell en una imagen de archivo / EFE
Sandro Rosell en una imagen de archivo / EFE
La cifra que Rosell exige al Estado está prorrateada de la siguiente manera: el daño reputacional que ha sufrido, por el que exige 405.000 euros; el daño psicológico lo cuantifica en 200.000 euros y pide por el afectivo 320.000 euros. Además, también reclama la cantidad de 28.062.950 euros en concepto de lucro cesante derivado de la pérdida de negocios que sufrió por su ingreso en la prisión de Soto del Real acusado de lavar 20 millones de euros en comisiones ilícitas vinculadas con los derechos audiovisuales de 24 partidos de Brasil.
Finalmente, exige que se le compense por un daño emergente, es decir, vinculado a los gastos derivados de su permanencia en prisión. En este apartado demanda la suma de 766.465,02 euros. Sin duda, el caso Rosell debe sin duda llevar a la reflexión política y judicial. Se cometieron muchos errores. Disparates por lo que alguien deberá pagar.