Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario tiene nuevos problemas con la Agencia Tributaria. La deuda de Arantxa Sánchez Vicario con la Agencia Tributaria fue avalada y pagada por un banco español, que a la vez recibió, en abril y en octubre de 2010, un total de 5,2 millones de euros de un banco extranjero, que a la vez le pidió el dinero a la extenista. El banco extranjero no cobró e interpuso una demanda en 2011 a la deportista. Esta denuncia terminó en sentencia y obligó a la deportista a pagar su deuda. La jugadora no pagó y una interlocutoria de enero de 2014 hizo ejecutar la sentencia por valor de 7,5 millones de euros, teniendo en cuenta los intereses.

Según la fiscalía, para evitar el embargo de cuentas y propiedades, Sánchez Vicario y su entonces marido, Josep Santacana, junto con otras cinco personas, idearon un plan para descapitalizarse y frustrar la ejecución de la sentencia. Vaciaron todas las cuentas bancarias, desaparecieron todas las cantidades que había cobrado en procedimientos judiciales contra sus padres y otras personas, e incluso el dinero cobrado, a veces de forma opaca, por parte de medios de comunicación o en concepto de derechos de autor de un libro de 2010.

Arantxa Sánchez Vicario con su exmarido

Su exmarido gestionaba varias sociedades a nombre de la extenista. Todas ellas relacionadas con el patrimonio inmobiliario.  El matrimonio decidió traspasar una veintena de viviendas, plazas de aparcamiento, terrenos y locales situados en varios puntos de Cataluña como Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, y también en Formentera. Todas estas propiedades pasaron a cargo de una sociedad uruguaya. 

Las otras cinco personas actuaron como testaferros. Facilitaron el traspaso de las propiedades fuera de España. Por todo esto, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y 8.640 euros de multa y su marido por alzamiento de bienes e insolvencia punible, tres años y medio de prisión y 7.560 euros de multa para otros cuatro investigados como cooperadores necesarios, y dos años y nueve meses de prisión y 7.200 euros de multa para el quinto investigado. Además, la expareja tendrá que indemnizar al banco extranjero con 6,1 millones de euros.