La Audiencia de Granada ha acordado suspender la pena de prisión para Juana Rivas, la madre Maracena (Granada) condenada por la sustracción de sus dos hijos menores. El tribunal ha acordado revocar la condena atendiendo al recurso presentado por la defensa de la mujer después de que el Gobierno de España le concediera el indulto que rebajaba su pena de cárcel a la mitad.
Por ello y por el hecho de no haber delinquido en los últimos tres años, se establece que la pena queda anulada siempre que la mujer participe en programas de parentalidad positiva, tal y como había solicitado la acusación particular ejercida por los abogados de Francesco Arcuri, padre de los menores. De este modo, Juana queda exenta de seguir cumpliendo condena desde su domicilio y, en consecuente, puede deshacerse ya del brazalete de control telemático que llevaba desde que le fuera concedido el tercer grado.
Fin del cumplimiento de la pena domiciliaria
En el caso de incumplir el dictamen, la suspensión del correctivo quedaría revocada, ya que la resolución informa que la obligación de ir a estos programas queda establecida "en interés superior de los menores". Según el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, se trata de una medida necesaria “para evitar la comisión de nuevos delitos", al menos, en lo que respecta a sus hijos.
Asimismo, el magistrado también ha considerado que no existen responsabilidades civiles que pagar, ya que, además, la acusada carece de antecedentes y su condena es inferior a cinco años. De hecho, el pasado 16 de noviembre, el Gobierno de España le concedió el indulto parcial en el que rebajaba su pena de prisión a la mitad, pasando de dos años y seis meses a un año y tres meses.
Acusada por sustracción de sus hijos
Para dar con el inicio del caso toca remontarse hasta el verano de 2017. En los hechos que se le imputan, el auto recoge que la mujer viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), lugar donde convivió tres años con su entonces pareja. El 2 de agosto de ese mismo año, Juana le comunicó al progenitor de los menores que no iba a regresar a Italia y escolarizó a los niños en un colegio del municipio de Maracena.
El padre, que por aquel entonces tenía la guardia y custodia de los dos vástagos del matrimonio, había sido condenado por maltrato a su esposa en 2009. Así lo reconoce el recurso de amparo que interpuso su mujer ante el Constitucional, que finalmente fue inadmitido a trámite. El juez entregó entonces a los menores a Arcuri.